El Gobierno ha extendido un año el periodo de vigencia de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las que dio luz verde el año pasado para quienes acometan obras de rehabilitación en vivienda habitual y edificios residenciales que mejoren la eficiencia energética del inmueble.
La medida se incluye en el real decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros con nuevas medidas para reducir el impacto de la subida de los precios de la energía en los consumidores y con el que espera cubrir al 40% de los hogares españoles.
Las deducciones se aplican sobre las cantidades invertidas en las obras de rehabilitación y aumentan en función del nivel de mejora energética que supongan.
Los propietarios podrán deducirse un 20% de las cantidades invertidas en la obras rehabilitación en caso de obras que mejoren la eficiencia energética y reduzcan, al menos, un 7% de demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda (asimilable a una sustitución de ventanas por una de altas prestaciones). Esta ventaja, que expiraba el 31 de diciembre de este año, ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre de 2023.
La deducción será del 40% si la mejora o rehabilitación reduce un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable en ambos casos a través del certificado de eficiencia energética (‘A’ o ‘B’). Como en el caso anterior, la medida se extenderá durante todo 2023.
Del máximo deducible, el 60%, podrán beneficiarse quienes acometan obras en edificios de uso predominantemente residencial que supongan una reducción del consumo de energía primaria no renovable como mínimo del 30%, o mejoren la calificación energética del edificio para conseguir un certificado ‘A’ o ‘B’. En este caso, la medida también se extiende un año pero hasta el 31 de diciembre de 2024.
La medida está financiada con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europa y forma parte de la inversión C02.I01del PRTR, ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, dotado con 3.420 millones de euros, de los que 450 millones se destinarán inicialmente para financiar los incentivos fiscales.